Senegal presenta una denuncia por "actos inhumanos y degradantes" contra
uno de sus ciudadanos en Barajas
La Razón, 2009-06-25
El ministro senegalés de Justicia, Madicke Niang, anunció hoy la decisión
de su gobierno de presentar “una denuncia (...) por actos inhumanos y
degradantes” tras los malos tratos sufridos la semana pasada por un
ciudadano senegalés, en manos de la policía española, en el aeropuerto de
Madrid – Barajas.
“El ministro de Justicia ha ordenado al fiscal general instruir
diligencias por actos inhumanos y degradantes previstos y reprimidos por
la convención de Naciones Unidas adoptada en 1984”, dijo el comunicado
divulgado en Dakar.
Los malos tratos sufridos por el joven senegalés en el momento de su
expulsión han sido grabados por un testigo y colocados en internet, lo que
ha provocado un sentimiento de profunda indignación en el seno de la
opinión pública nacional.
En su edición de hoy, martes, el diario independiente “Le Quotidien”
lamenta el mutismo de las autoridades senegalesas sobre el “trato bárbaro”
infligido a un emigrante vinculando esa actitud a la ayuda financiera
otorgada por Madrid en los últimos años.
Ya han pasado más de veinte años del 1 de noviembre de 1988 donde aparecieran los primeros cadáveres en las playas de Tarifa. Casi 21.000 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestro país (según informe de la Asociacion Pro Derechos Humanos de Andalucía).
A lo largo de estos años se ha venido insistiendo desde la unión Europea en que se está a favor de una “migración legal y ordenada” frente a la “inmigración ilegal” y descontrolada.
¿Se puede emigrar de forma legal y ordenada? Es decir, ¿puede un joven africano emigrar a España de la forma legal que auspician los mandatarios europeos?
La respuesta es rotundamente negativa. A los datos nos remitimos: del incremento de casi medio millón (494.485) de extranjeros en España durante 2008, tan sólo 8.749 (un 1,8%) personas proceden del África Subsahariana. No es casual, se trata de una opción consciente y deliberada.
Es imposible emigrar “legalmente” a España. Por un lado el contingente ha resultado un fracaso como sistema de gestión de flujos lo que se ha venido a reconocer limitándolo prácticamente a cero. Pero a ello hay que sumar los obstáculos y restricciones de todo tipo para la reagrupación familiar. Y, sobre todo, el muro infranqueable de la normativa y muy particularmente de la red consular española, punta de lanza del sistema de bloqueo a las personas que desean emigrar legalmente.
La insistencia que desde gobierno, oposición y algunos sectores se hace en ese mito de la “inmigración legal y ordenada” esconde, en el fondo, un verdadero rechazo de la necesidad de afrontar la realidad de los flujos migratorios y las desigualdades económico-sociales entre Europa y África de una forma seria y certera.
Esconde también una visión extremadamente utilitarista de las migraciones: permitir que vengan tan sólo aquellas personas necesarias para nuestra economía. Es la inmigración “deseada”, frente a la inmigración “sufrida”, de la que habla el gobierno francés y practica el gobierno español y que oculta una carga ideológica que concibe a las personas desde su “utilidad” y no desde su dignidad y derechos.
Pero sobre todo este mito condena a miles de personas que se ven obligadas a emigrar, que emigran casi de forma forzada, a hacerlo clandestinamente. Por eso hablamos de migraciones clandestinizadas.
La lucha contra la “inmigración ilegal” se ha convertido así en el norte inspirador de todas las políticas de la Unión Europea y de España. Como explicó Zapatero en la última campaña electoral, la lucha contra esta inmigración, para nosotros obligada a circular clandestinamente, es el eje de las políticas migratorias de nuestro gobierno. Pese a quien pese, y por encima de cualesquiera otras consideraciones.
Se trata de que no salgan, si logran salir que sean interceptados y en caso de que logren llegar que sean expulsados lo antes posible.
Fruto de esa política durante el año 2008 se han incrementado los medios para el control de las migraciones, se generaliza el uso de la detención y el encierro de migrantes como forma de gestión de las mismas y se han consolidado las políticas de externalización, una de cuyas mejores expresiones es el Plan África.
Ésta es una frase que la Federación del Centro de las Culturas quisiera que, de simples palabras, pasara a ser una realidad tangible en la descarnada caza de brujas hacia los inmigrantes, que los gobiernos ejercen en todo el territorio español.
Si en el 2008 el Parlamento Europeo impuso la llamada “Directiva de la Vergüenza”, ascendiendo a 18 meses de encarcelamiento de inmigrantes en los más de 280 CETI (Centros de estancia temporal para inmigrantes); y el gobierno español lanzó el retorno voluntario como medida para quitarse de en medio a ciudadanos molestos que ya no responden a sus intereses mezquinos; ahora en el 2009 asistimos a una verdadera extorsión y aniquilación de los derechos de las minorías étnicas y grupos sociales de inmigrantes que viven en nuestro país.
La agravación de las penas de prisión por dos años de cárcel a los Top Manta, el aumentode redadas en la identificación de extranjeros en Madrid, Cataluña, Valencia, Ceuta, Melilla y Canarias principalmente, ponen de manifiesto el aumento del racismo y la identificación de los inmigrantes como delincuentes. Máxime cuando las personas que apoyen económicamente de forma solidaria a los “ilegales” serán sancionados con una multa que podrá ascender a los 30.000 euros.
A través de este Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería, además se dificultará la justicia gratuita de extranjeros en régimen irregular, quedando totalmente desprotegidos y sin derecho a una vida digna.
Todo este paisaje muestra un tipo de terrorismo y atropello de seres humanos, que en muchos casos arriesgaron sus vidas presos del hambre y de la amputación de sus derechos en los países de origen.
Sabemos que este paisaje que imponen el Gobierno Español y el Parlamento Europeo, supone la desviación del problema de fondo hacia prejuicios sociales, levantando sospechas entre la población, culpando de esta manera a los inmigrantes del deterioro de la sanidad y la educación públicas y de poner en peligro el acceso a los servicios sociales.
A través de este comunicado, la Federación del Centro de las Culturascuestionamos de fondo el contrasentido del Día Internacional contra el Racismo, declarado por la ONU como día mundial contra toda forma de discriminación racial.
Y hacemos un llamamiento a toda la población para unir nuestras voces en acciones efectivas que demuestren que un cambio de situación es posible. Ninguno de nosotros eligió su sexo, su color de piel, ni su país de nacimiento, pero quizás esto no sea suficiente argumento para movilizarse por los derechos de aquellos con los que no guardamos “relación consanguínea”.
Probablemente tenga que emerger desde lo más profundo una nueva conciencia social no violenta, una conciencia desde la que brote un verdadero sentimiento de solidaridad al bucear en la mirada del que hasta ahora no reconozco como un igual.
Y es por esta necesidad de conciencia no violenta y por la urgenciadel momento social que desde el Centro de las Culturas unimos nuestra acción a la Marcha Mundial por la Paz y la No violencia que comenzará el 2 de octubre en Nueva Zelanda y que recorrerá más de 90 países. En esta MM de múltiples iniciativas mundiales, el Centro de las Culturas promoverá acciones a favor de los derechos de las mujeres y hombres inmigrantes y del diálogo y convergencia entre culturas.
Para todos los hijos del futuro nacidos de esta nueva conciencia social, vertemos el agua que brota de los cimientos de la diversidad planetaria, para poder decir en un futuro próximo: ¡Por fin desapareció el racismo! Para todos ellos, nuestro profundo compromiso de cambio.
Sara Tajuelo
Portavoz de la Federación del Centro de las Culturas
Desde la Federación del Centro de las Culturas lanzamos este comunicado como muestra de agradecimiento y reivindicación, hoy 8 de Marzo día de la Mujer Trabajadora, a todas aquellas mujeres que vinieron de tierras lejanas y entraron en nuestras vidas para hacernos comprender que la diversidad cultural, racial y religiosa es el camino para la paz, la no violencia y el hermanamiento entre los pueblos.
Entre los verdes prados y laderas montañosas del norte de España, entre olivos y campos de Castilla y las casas blancas del Sur que duermen al sol del mediodía, circulan mujeres cuyas siluetas dibujan rasgos y colores diferentes.
Los rostros de estas mujeres describen una historia silenciada por el temor a la humillación. De sus ojos asoma el brillo de una acción valiente, cuando muchas de ellas movidas por un clamor de compromiso por su gente y su tierra decidieron emigrar en busca de un futuro que les devolviese la esperanza.
Si en el 2004 según datos del boletín de extranjería había cerca de 900.000 mujeres inmigrantes, hoy con seguridad estamos hablando de más del millón de mujeres que no sólo están al cargo de nuestros mayores y niños, que nos sirven en las cafeterías que frecuentamos, que limpian nuestros hogares… nos referimos a las miles de mujeres que de forma anónima contribuyen día a día alimentando el cuerpo y el alma de sus hijos, son el ánimo, son la educación, son el alimento de las futuras generaciones que contribuirán a transformar el mundo.
Es evidente la falta de visión de futuro, la miopía y la mirada deshumanizada del Estado Español y del Parlamento Europeo hacia estas mujeres.
Crean políticas migratorias haciendo creer a la población que la crisis disminuirá si se invierte en el control de los inmigrantes, de manera que en lugar de destinar los recursos a la mejora de las condiciones de vida precarias de los ciudadanos, migrantes o no, se destinan a una caza de brujas cada vez más sangrienta y cruel.
Su política descarnada pone en el punto de mira de la crisis al más desprotegido, como si de un delincuente se tratara, mientras tanto se aparta la mirada de los abusos y explotación a la que están sometidas muchas de nuestras mujeres inmigrantes en España. Esto tiene una definición: violencia psicológica, sexual, racial y económica.
Con este comunicado, desde el Centro de las Culturas, queremos unir nuestra acción a la Marcha Mundial por la Paz y la No violencia que comenzará el 2 de octubre en Nueva Zelanda y que recorrerá más de 90 países. En esta MM de múltiples iniciativas mundiales, el Centro de las Culturas promoverá acciones a favor de los derechos de las mujeres y hombres inmigrantes y del diálogo y convergencia entre culturas.
Para todas las mujeres anónimas que cultivan los campos de la infancia, y siembran semillas de sentido, arrojamos nuestro profundo compromiso de cambio para presionar a los que deciden, y poner las bases con el coraje y la tenacidad de que seamos capaces para transformar el imperio de las situaciones difíciles.
Sara Tajuelo
Portavoz de la Federación del Centro de las Culturas
Hace unos días salio la noticia de un documento interno que ordena a policías de Madrid detener a un cupo semanal de extranjeros 'sin papeles'. Los marroquíes, prioritarios por “su expulsión barata”. Hoy Interior rectifica y dedice eliminar este sistema. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Policía y Guardia Civil, ha dictado una instrucción por la que excluye de los "objetivos numéricos" las infracciones a la Ley de Extranjería. De esta forma, Interior elimina los cupos semanales para detener inmigrantes por estancia irregular en función de la población de cada distrito. Según la instrucción, los planes operativos de las distintas unidades policiales para combatir la inmigración ilegal "establecerán únicamente objetivos cualitativos, atendiendo prioritariamente a la problemática delincuencial que se produzca en determinadas zonas y periodos de tiempo". Los policías que trabajan en las calles de Madrid habían estado recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular. Según una nota interna a la que tuvo acceso Europa Press, cada comisaría tenía que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos. "Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recogía una nota interna de la comisaría citada y que está fechada el pasado noviembre. Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid habían recibido esa misma instrucción. Las órdenes impartidas sobre extranjeros procedían de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre de 2008. En la nota, a través de la cual se trasladaban a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: "Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)", recogía el documento. Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en el Estado es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión. A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo. Prioridad: los marroquíes En este sentido, la nota citada recomendaba dar prioridad para enviar al CIE a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días que marca la Ley -el Gobierno ya ha anunciado que se ampliará a 60-, se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirmaba en el documento. Recientemente, han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que se han quejado a sus superiores por este tipo de instrucciones y han exigido una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes, como las que obligaban a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero".
